Ignacio Pozo, de 60 años y residente en Granada, regenta su empresa, una consultora empresarial especializada en las áreas laboral, fiscal y mercantil. Está formada por un equipo de diez profesionales que llevan más de 35 años prestando sus servicios.
A nivel institucional, Ignacio ha sido parte de los órganos directivos de varias organizaciones: Presidente de la Asociación de Empresas Consultoras, Presidente de la Asociación de Técnicos Superiores de Prevención de RRLL, de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Granada y otros cargos en diversas asociaciones. Ha estado más de 20 años de director RRHH en Nueva Rumasa.
El área de especialización jurídica de su despacho es el derecho laboral, el mercantil y el civil. Ignacio nos explica que lo más habitual en cuanto a los procedimientos judiciales que suelen tratar son los litigios laborales.
Los servicios que prestamos en este área están avalados por los éxitos de los mismo, de los que se han hecho eco muchos medios de comunicación a nivel nacional. Cercanía, profesionalidad y eficiencia nos caracterizan. Nuestros clientes abarcan fundamentalmente PYMES y microempresas de todos los ámbitos y tamaños. Nuestros muchos años de prestación de servicios nos hacen ser reconocidos como una de las firmas de más prestigio en este campo.
Entrevista, recopilación de documentos, estudio participativo con profesionales y trámite legal finalmente. En algunos casos, debemos complementarlos con informes mercantiles o incluso con periciales médicas o de detectives privados. La garantía final del éxito que se nos encomienda da todas esas posibilidades de acción.
Es complicado determinar cantidades concretas en estos asuntos, aunque, aventurándonos, podríamos acercarnos a los 600 euros de coste promedio, incluyendo todo la tramitación completa del caso, teniendo en cuenta que la media de las reclamaciones suelen rondar los 15.000 euros.
Los casos más habituales son los despidos y las reclamaciones de incapacidades. Es cierto que, debido a la actual situación provocada por la COVID-19, han tomado una importancia desmesurada los ERES, ERTES o ceses de actividad de los autónomos societarios, familiares y de las entidades mercantiles.
