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Juan Francisco Barallat López nació en Madrid hace 56 años. Comenzó como Fiscal de carrera por oposición trabajando para el Estado durante más de dieciséis años; de allí, pasó al sector privado y se incorporó a un primer Despacho de prestigio, llamado Cortes Abogados, donde trabajó nueve años, y posteriormente al Despacho que creó el ex juez Baltasar Garzón. Desde finales de 2018, Juan Francisco decidió trabajar por su cuenta en su propio despacho. Trabaja esencialmente solo, implicándose personalmente siempre en los asuntos, y en función del volumen de documentación a analizar para el caso, cuenta con el apoyo de otros compañeros. Su área de actuación es el Derecho Penal, aunque si el asunto implica otras esferas del Derecho suele reforzarse con el trabajo de otros compañeros. Dentro de su área de actividad se ocupa tanto del asesoramiento preventivo penal (dirigido a evitar incurrir en ninguna ilicitud penal, especialmente en el ámbito económico) como prospectivo (dirigido a comprobar si alguien ha actuado de forma penalmente ilícita y obtener pruebas para su enjuiciamiento), como en la defensa o acusación particular técnicas en procesos penales. Suelen demandarle que analice sistemas de cumplimiento normativo o de prevención de empresas (al objeto de determinar si cumplen los estándares requeridos para prevenir delitos), y que asuma la defensa frente a acusaciones por delitos económicos (estafas, fraudes), delitos societarios, contra el mercado y delitos fiscales. También ha intervenido a menudo como abogado en relación con otros delitos relativos a la actividad empresarial (delitos contra la seguridad en el trabajo o delitos de falsedad, por ejemplo) y en procesos especiales internacionales, como los procesos de extradición. Asimismo, Juan Francisco está capacitado y dispuesto a asumir la defensa en relación a otros delitos contra las personas, siempre que estos tengan especial trascendencia. La preparación, la capacidad y la experiencia de treinta años en el campo del Derecho Penal son la principal motivación de Juan Francisco para seguir mejorando en su empleo. La razón que le empuja cada día en este trabajo es la consecución del mejor resultado posible, para lo cual es particularmente franco y honesto con el cliente.
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Ante todo, el principal derecho de un ciudadano acusado o investigado es el derecho a su presunción de inocencia, de tal manera que la carga de la prueba recae en la acusación. Aunque no menos importante es su derecho de defensa, que incluye varios factores indicados a continuación: - El derecho a aportar todos los elementos y pruebas que le favorezcan. - Recurrir cuantas decisiones le perjudiquen. - Argumentar técnicamente en su favor.
Un buen abogado penalista permitirá identificar qué pruebas son las más idóneas en su caso para reforzarlas jurídicamente, reportar los argumentos jurídicos y fácticos que mejor pueden convencer al Juez o al tribunal y recurrir con éxito las decisiones que perjudiquen al cliente.
Es importante que toda persona tenga clara la necesidad de recurrir a un abogado penalista desde el primer momento en que se tenga sospecha de que un asunto puede llegar a complicarse penalmente. Un asesoramiento temprano puede llegar a evitar que el proceso penal se inicie. De igual manera, cuando se tenga algún motivo para considerar que alguien puede estar cometiendo un delito contra su persona o empresa, es importante acudir al penalista, pues posibilitará la obtención de pruebas lícitas y claras..
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